Por Javier Calderón Castillo (*)
Desde el 28 de abril el país está en las calles, movilizado en contra de la política económica del gobierno y por la descomunal represión de las fuerzas militares y policiales. El presidente Iván Duque encendió al país con un proyecto de reforma tributaria que pretendía recaudar 8 mil millones de dólares, bajo el argumento de enfrentar la crisis sanitaria.
Atendiendo a múltiples intereses, diversos sectores políticos y la sociedad mostraron su desacuerdo con toda la gestión del gobierno, existe un enorme malestar por las enormes exenciones tributarias otorgadas por Duque a los grandes capitales, que se han beneficiado con más de 4 mil millones de dólares al año después de una reforma decretada por el presidente en 2019, por el incumplimiento del acuerdo de paz y por el nefasto manejo de la pandemia.
Todo ello en un año preelectoral. Todas las formaciones políticas empiezan a pensar y actuar de cara a sus electores con mayor cálculo político. Duque está gobernando con el sol a sus espaldas, con los militares en las calles, con la comunidad internacional exigiendo respeto por los Derechos Humanos, y con una sociedad herida y enojada por la violencia policial/militar, tras la muerte de 37 jóvenes, los reportes de la desaparición de cien personas, once abusos sexuales y más de dos mil lesionadas de gravedad.
Algunos efectos políticos de la crisis
1. El estallido social es una derrota política y simbólica para el uribismo y Duque. Los sectores de la derecha y algunos gremios económicos están buscando una alternativa no uribista para el 2022. Todo parece indicar que es el fin del poderío del expresidente Uribe.
2. El último año de gobierno de Duque será en medio de la crisis, el ministro de hacienda tuvo que renuncias y su reemplazo provino del mismo circulo uribista, indicando que ningún otro partido está dispuesto a dar un apoyo frontal al gobierno.
3. Duque inició un diálogo con pocas perspectivas, entre los partidos de la derecha, los gremios y las coaliciones opositoras para lograr gobernabilidad, no está dispuesto a corregir el rumbo neoliberal y el militarismo.
4. La población ganó al salir masivamente a demostrar su inconformidad. Lo hizo por un cúmulo de demandas no tramitadas y por la desconexión del gobierno con las mayorías. El gobierno es percibido como una élite. La inconformidad seguirá mientras el gobierno y el congreso no den una respuesta social y no militar.
5. La juventud ganó. Habló claro y está jugando un papel central en la disputa, en los próximos meses serán el centro de acciones estatales para criminalizar y persuadir para torcer esa voluntad. Hay una “repolitización “del país.
6. La situación impulsó a la izquierda y el progresismo, ahora tienen la responsabilidad de orientar la disputa. Si se gestiona bien ese descontento se reflejará en las elecciones y será gobierno, de lo contrario la inconformidad podría ser fagocitada por la antipolítica.
7. La decisión del presidente Duque de militarizar las ciudades es rechazada por toda la comunidad internacional. La ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos democráticos se han pronunciado. Es una dura derrota internacional para el gobierno.
8. Duque entregó más poder a los militares, son cogobierno. Van a influir en el escenario electoral 2022, quizás integrando un acuerdo con la derecha y seguro con una abierta campaña en contra del progresismo. Habrá amenaza permanente y ruido de sables.
9. Las movilizaciones sobrepasaron el poder de los medios de comunicación. El mundo se enteró por redes de la crisis colombiana.